El Registro de Economistas Forenses (Refor), órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas de España (CGE), ha remitido a los ministerios de Asuntos Económicos y de Justicia un documento en el que han definido 10 propuestas concretas sobre la gestión de las insolvencias empresariales en España ante el incremento previsto por la crisis del Covid, en las que aboga por legislar de urgencia, potenciar a los economistas expertos en reestructuración e insolvencia, formar institutos preconcursales y facilitar soluciones concursales de continuidad a deudores, entre otros.
Los economistas creen que es el momento “oportuno” para la reflexión en el ámbito de las insolvencias ante la próxima trasposición al ordenamiento jurídico español de la directiva de insolvencia y ante los efectos económicos de la pandemia, que provocarán “graves problemas” de tesorería en muchas empresas que “verán asfixiadas sus perspectivas de viabilidad, haciendo previsible el aumento exponencial en el número de declaraciones de concurso”.
Según los economistas, los factores que impiden que los procesos concursales en España no terminen de ser una vía efectiva para resolver la crisis empresarial se encuentran el que la insolvencia se considere un estigma para el empresario y acuda al concurso demasiado tarde con unas condiciones económicas muy negativas, que las soluciones alternativas al concurso -la segunda oportunidad, acuerdos de refinanciación y mediaciones concursales- tengan muy poca utilización y que el ámbito de las insolvencias esté “excesivamente judicializado”.
El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha advertido de que “cientos de miles de empresas” van a someterse a procesos de refinanciación y reestructuración, por lo que “de cómo se hagan dependerá el sostenimiento del tejido empresarial y el desahogo para los juzgados de lo mercantil”.
Pich considera que las soluciones alternativas al concurso “requieren ir de la mano de un profesional economista habituado a la elaboración de reajustes económicos que pongan en valor el principio de empresa en funcionamiento”. Esta figura profesional, recuerda, viene definida ya expresamente en la directiva de insolvencia como el “insolvency practitioner.”
“Los mecanismos de refinanciación, reestructuración, mediación concursal, segunda oportunidad, y planes de viabilidad son herramientas que ahora más que nunca debemos tomar en consideración o nos encontraremos con una saturación de insolvencias sin resolver“, ha añadido.
30 REFORMAS EN 16 AÑOS
Por su parte, el presidente del Refor, Alfred Albiol, se manifiesta crítico con una legislación concursal que con solo 16 años de vida ha sido objeto de 30 reformas. Aunque cree que la Ley Concursal ha sido un “gran avance” de la legislación en este ámbito, pide no olvidar que no deja de suponer una solución ordenada, que no efectiva, a la insolvencia, ya que “el 94,3% de las empresas concursadas se liquidan”.
Tras la aprobación el pasado 11 de mayo del texto refundido de la Ley Concursal y ante la próxima trasposición de la directiva de insolvencia los economistas creen que, en materia de seguridad mercantil, es el momento de legislar de urgencia, a través de un real decreto ley, aprovechando la base sólida del texto refundido de la Ley Concursal y que el legislador obtenga el máximo de consenso de todos los agentes implicados.
Para el salvamento del valor patrimonial de la empresa proponen potenciar a los economistas expertos en reestructuración e insolvencia en consonancia con la transposición de la directiva y su ‘insolvency practitioner’, así como formar un conjunto homogéneo de institutos preconcursales con el mismo sistema de mayorías e intentar “aplanar la curva” del número de casos que precisarán de negociación facilitando ganar tiempo para negociar si las partes así lo desean.
También piden al Gobierno facilitar soluciones concursales de continuidad a deudores que, a pesar de su insolvencia, el valor de su negocio sea superior al de su liquidación y apostar porque la mediación concursal se convierta en el procedimiento más utilizado para la reestructuración de deuda también para pymes y agilizar trámites del concurso consecutivo para la rápida incorporación del deudor a la economía.
TEST DE SOLVENCIA
Igualmente, proponen establecer, en base a la exigencia de prevención derivada de la transposición de la directiva de insolvencia, un test de solvencia que debería ser obligatorio para todo empresario incorporándolo junto con la memoria en las cuentas anuales.
Los economistas también ven necesario replantear la sección de calificación del concurso para clarificar causas objetivas de cara a responsabilidades económicas, inhabilitación o delito, y reducir los costes de la liquidación con mecanismos que permitan y obliguen a concluir con la “máxima celeridad posible” y eviten la depreciación de activos.
A su vez, para el sistema judicial plantean sistemas de comunicación electrónica eficiente y medidas organizativas de urgencia para ganar en eficiencia. Por último, una vez minimizados los efectos de la pandemia en el gasto público, consideran que deberá tratarse con “voluntad” la reducción de los privilegios del crédito público en los procesos de reestructuración e insolvencias en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional de julio de 2014.
